Químper hasta el que pudo haber sido su delfín, el ex premier Del Castillo. Además de las cercanías personales, el Presidente se ve salpicado porque todos estos casos se han visto facilitados por dos políticas de Estado vinculadas entre sí: la agresiva promoción de la inversión privada a como de lugar, y el huayco de decretos que han relajado los controles anticorrupción.
El último escándalo, destapado ayer por Ideele Radio, es especialmente grave porque implicaría un negociado con los recursos utilizados para las víctimas de la violencia política en Andamarca (Ayacucho). En este caso, COFOPRI habría titulado a favor de un particular un terreno destinado a un taller artesanal en el marco de las reparaciones colectivas. Este es una nueva irregularidad en la institución que dirige Omar Quesada, flamante secretario general colegiado del partido aprista -recién electo en marzo de este año-. COFOPRI está en cuestión desde la semana pasada, cuando estalló el escándalo mayúsculo de la venta subvaluada de un terreno de 300 mil metros cuadrados: COFOPRI lo transfirió al ciudadano Oswaldo Chauca por el valor arancelario de 4,908 soles y ahora puede ser vendida al precio del mercado, que ronda los 12 millones de dólares. Por estos casos, Quesada podría estar a punto de dejar su cargo partidario, aunque al parecer se resiste a ello.
Jorge del Castillo era el otro flamante miembro del secretariado general colegiado del APRA. Y ahora también es un flamante ex miembro de dicho secretariado: esta semana tuvo que pedir “licencia indefinida” tras la publicación de dos nuevos audios que demostraron que el ex premier había realizado lobby a favor de la empresa petrolera Monterrico. Estos audios forman parte del confuso y enorme caso de los “Petroaudios” que se conoció el 2008 y que implica a numerosos dirigentes apristas en la “gestión de intereses” de empresas privadas. El único que está preso es Rómulo León, ministro del primer régimen aprista y padre de la actual congresista Luciana León. Otro implicado, precisamente el que aparece en los audios que tumbaron esta semana a Del Castillo, es Alberto Químper o “Don Bieto”, quien fuera abogado del presidente García. En uno de los audios, Químper explica que “como yo no le cobré a Alan García por defenderlo, para compensarme económicamente (él) me metió de abogado de Vera Gutiérrez”, propietario de Petrolera Monterrico. Es hasta ahora una de las menciones más explícitas que indicarían que el Presidente sabe más de lo que dice en estos casos de corrupción.
Otros miembros del círculo alanista implicados en lobbys y corrupción son Hernán Garrido Lecca, sindicado como presunto promotor de intereses de Cemex; Aurelio Pastor, quien tuvo que salir del ministerio de Justicia luego de promover el indulto al corrupto empresario televisivo José Enrique Crousillat; y César Zumaeta, también acusado de tráfico de tierras.
El hecho de que demasiados personajes del círculo de poder alrededor de Alan García tengan serias denuncias por corrupción no es lo único que hace que estas denuncias “salpiquen” al Presidente. En realidad, la mayoría de estos casos tienen lugar en el marco de políticas de Estado promovidas directamente por García. La primera de ellas es la agresiva promoción de inversiones transnacionales, sobretodo en la explotación de recursos naturales. No por gusto uno de los mayores escándalos es el de los “petroaudios”. En los últimos años las concesiones de lotes petroleros han pasado de ocupar el 15% de la amazonía al 72% actual, lo que da una idea de la cantidad de lotes negociados. Una segunda política promovida activamente por García ha sido el relajamiento de los controles anticorrupción mediante un verdadero huayco de decretos legislativos y de urgencia que han atado de manos a la Contraloría y han recortado plazos para el estudio y aprobación de decenas de obras y concesiones. En este rubro se ubican, por ejemplo, los “superpoderes” que recibió COFOPRI el 2007 para titular por cuatro años no sólo predios urbanos sino también rurales. También se ubican aquí las concesiones portuarias como el polémico caso de Paita. Para aclarar su conocimiento de estos casos, pues, no basta que Alan García llame "ratas" a aquellos funcionarios a quienes se les descubre gestionando interesas privados o cometiendo actos abiertos de corrupción.
http://alertaperu.org/publicar/nacionales/612-corrupcion-implica-ya-a-demasiados-personajes-cercanos-a-alan-garcia.html
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