La Contraloría no hacía controles sorpresa

LOS QUE SE HACEN ACTUALMENTE ARROJAN 70% DE PERJUICIO ECONÓMICO EN OBRAS, REVELA FUAD KHOURY

Usted ha declarado que éste primer año ha sido de análisis y preparación para modernizar la Contraloría.¿Cuál ha sido el resultado final de ese análisis?

Fuad Khoury: En realidad ha sido un año mixto.

Hemos trabajado en el diagnóstico y comenzado a desarrollar el plan sin perder de vista las acciones de control, que inclusive superaron a las efectuadas en el año previo a nuestro ingreso.

El diagnóstico arrojó una Contraloría débil en capacidad operativa, desarticulada, con recursos humanos desmotivados y sistemas informáticos desintegrados. Ahora sabemos exactamente de cuánto es la brecha entre lo que somos y lo que queremos ser, y en base a ello hemos elaborado el plan estratégico que deberá ejecutarse completamente a fines del 2012, pero con indicadores y metas anuales.

C.: ¿Por ejemplo? FK: Elevar el índice de confianza ciudadana del 17% actual al 32%. Llegar a una eficacia del 70% en los procesos de control y operativos sorpresas.Lograr que el 100% del personal de las Oficinas de Control de todas las entidades del Estado se incorporen a nuestra planilla. Descentralizarnos en Cuatro Macrorregiones.Ejecutar más de veinte acciones de control de gestión al año, etc.

C: ¿El enfoque de control también cambiará?

FK: Eso es lo primero. Actualmente nos dedicamos a velar por la legalidad de las cosas.Eso, sin dejar de ser necesario, es la prehistoria de la auditoría.Lo avanzado es hacer auditoría de gestión, esto es analizar la rentabilidad en la utilización del presupuesto, para que el país esté informado de cómo se usan los recursos y no sólo si se tiraron la plata o no. Tenemos que velar porque las políticas públicas tengan resultados. La idea es fijar hitos y revisar su cumplimiento o la existencia de desviaciones para corregirlas.

Yo no les voy a decir cómo gestionar su entidad, pero sí voy a determinar si están aprovechando o desperdiciando sus recursos.Pueden gastar el 100% de su presupuesto pero, ¿alcanzaron sus metas? Si hablamos de una campaña de vacunación no es entrar a revisar sólo a qué precio y cómo se compraron las vacunas, sino también si se alcanzó el porcentaje de inmunización previsto. Si hablamos de educación, no se trata sólo de saber si se compraron las computadoras o cómo se contrató a los maestros, sino de verificar que los niveles de comprensión lectora o razonamiento matemático de los educandos ha mejorado.

C: En esa misma línea, usted ha cuestionado los S/.58 mil millones en compras estatales del año pasado.

FK: No. El punto no es cuánto se gasta sino cómo se contrata.Nuestra metodología sigue siendo obsoleta. Si sólo se utilizara los mecanismos electrónicos de contratación podríamos ahorrarnos 10% de lo gastado.

C: ¿Y eso no es trabajo de la OSCE y el MEF?

FK: Allí regresamos al tema del enfoque de control. Nuestra ley orgánica nos manda que evaluemos si la gestión es eficiente y cumple sus objetivos.Eso implica auditar el desempeño y el desempeño en las compras estatales es pésimo.Entonces, es cierto que esas entidades son las que regulan el sistema de adquisiciones, pero yo también soy responsable de luchar contra la corrupción y mientras no se mejore la forma en que se contrata habrá corrupción. Hemos propuesto implementar el modelo coreano de comercio electrónico, que sólo cuesta $10 millones y tienen financiamiento del BIF.

C: También está proponiendo que la Contraloría tenga capacidad sancionadora.¿Pretende ser fiscal y juez simultáneamente?

FK: Cuando un empleado del sector privado comete una infracción, es amonestado, sancionado o hasta despedido. Si vamos a esperar a que el Ministerio Público y el Poder Judicial lleguen a una condena, no vamos a lograr disuadir a los corruptos. Hoy existen más de 600 funcionarios denunciados, con pruebas irrefutables que siguen en sus puestos y encima no cautelamos la recuperación del daño económico provocado al Estado.

C: Irrefutable para usted pero eso debería ser evaluado por un tercero imparcial.

FK: Se establecerán los mecanismos para garantizar el derecho de defensa, pero tiene que haber una sensación de riesgo y no de impunidad. Por ejemplo, si ahora encontramos pruebas de corrupción en el director de una entidad y él es uno de cuatro, va a ser evaluado por una comisión conformada por los otros tres. Por espíritu de cuerpo lo absuelven y luego ese informe lo utiliza en su defensa en el juicio penal para trabar la denuncia. En los países donde se ha implementado esta capacidad sancionadora, las Contralorías tienen un nivel de aprobación del 90%, porque ven el resultado.

C: Tras el escándalo de Cofopri se ha propuesto devolverlo a las regiones.¿Eso no es descentralizar la corrupción? ¿No dificulta más la labor de la Contraloría?

FK: Mientras las cosas se hagan bien es independiente dónde estén. Ojo, nuestra labor no es hacer control. Eso le corresponde a los gerentes, directores o jefes. Nosotros lo que verificamos es si se han previsto los controles adecuados y están operando. Por poner un ejemplo muy simple, la responsabilidad del tesorero es cuidar la caja chica. Una técnica para controlar eso es que el dinero se guarde en una caja fuerte y no en una gaveta sin llave de un escritorio.Si detectamos que no se hace así, entonces actuamos.Es más, Cofopri ya está descentralizado; que dependa del gobierno regional o de un jefe en Lima, para mí es indiferente.

C: ¿Cuál ha sido el resultado de los operativos Cóndor?

FK: La importancia de este nuevo mecanismo de auditorías sorpresivas...C: Perdón, ¿antes no se hacían?

FK: El auditor de carrera sabe que su trabajo tiene que ser sorpresivo, pero aunque usted no lo crea esto no se hacía en la Contraloría. Sabiendo que hay una cantidad de dinero importante que se pierde por malversación decidimos aplicar una técnica que no por ancestral es menos efectiva.Con el operativo Cóndor I visitamos 4 gobiernos regionales y 23 locales y encontramos que en obras por S/.71 millones existía un perjuicio económico de S/.50 millones.

C: ¡Más del 70%! Podría dar algunos ejemplos.

FK: En el gobierno regional de Áncash se programaron cuatro proyectos para prevenir el dengue y se descubrió que no existía ninguna necesidad del servicio de fumigación y que se pagó el servicio sin que el supervisor haya emitido jamás su conformidad. En Puno, en la carretera Huancané-Putina, se detectó el pago de 120,000 galones de asfalto que jamás llegaron al almacén de la obra y que no se ejecutó el plan de contingencia contra el friaje a pesar de contar con el presupuesto de S/.14 millones. En la Municipalidad de Pallasca se pago 165,000 soles por encima del valor de mercado en la compra de un camión volquete y 250,000 en un cargador frontal que además tenía la marca adulterada.

Fuente: Correo Puira

Regidor Rabines denuncia exceso de gastos en Municipalidad Provincial de Trujillo

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y presidente de la Comisión de Obras, Eduardo Rabines Llontop, sostuvo ayer que la comuna local está subcontratando maquinaria ajena para rehabilitar 422 kilómetros de pistas deterioradas por las lluvias, a pesar de haber gastado más de 12 millones de nuevos soles para comprar la suya propia
En tal sentido, explicó que el municipio está subarrendando volquetes y cisternas a precios mucho más elevados de lo debido

CRITICA MALA INVERSIÓN
Asimismo, dijo que la administración directa es deficiente. “Ello porque se está atentando contra una norma directa de la Contraloría General de la República, pues para desarrollarse, el municipio debe contar con el 50 por ciento de equipos. No entiendo el porqué de la inversión para comprar volquetes propios y, en cambio, se está alquilando ajenos”, indicó.

En la misma línea, aseguró que adoptará medidas inmediatas para iniciar las investigaciones del caso, respecto al presunto arrendamiento irregular de las máquinas. También dijo aunque es permisible que la alcaldía tenga potestad de escoger a la empresa prestataria del servicio, precisó que esta última pone un precio sobrevalorado de la arena gruesa hasta en 49 soles demás y alquiler a 80 mil soles, se supone que si va en un proceso normal, saldría mucho más barato.

“En el fondo, (César) Acuña está contratando maquinaria porque se encuentra en campaña política y quiere marketearse con publicidad en las mismas”, agregó en diálogo con La Industria. Rabines Llontop también dijo que la comuna local bien podría comprar en cantera el asfalto para la refacción del pavimento, pero prefiere elaborarlo de manera artesanal.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
En la misma línea, criticó al nuevo gerente de Obras edil porque “hasta el momento ni siquiera se ha presentado a mi despacho para informarme sobre su asunción de cargo”.

“Seguramente, creerá tener mucho poder al contar con el aval del ‘Sumo Pontífice’ y pequeño monarca: Acuña. Basado en eso, ni por cortesía me ha visitado para trabajar juntos”, argumentó.
Por último, advirtió que de ser posible apelará a la vía legal para que prevalezcan los derechos de los ciudadanos. “En el municipio todos se creen César Acuña y se han vuelto soberbios. No respetan ni siquiera a las concejales.

Hablar en sesión de concejo es gastar palabras por las puras. Por ello, prefiero hacerlo ante la opinión pública”, puntualizó.

http://www.comprasestatales.org/portal/index.php?option=com_k2&id=102:gastosenmpt&view=item&Itemid=0

Burocracia, incompetencia y corrupción del funcionario público municipal

Burocracia e incompetencia en la atención de los procedimientos administrativos de las solicitudes que demanda los ciudadanos en las municipalidades distritales y provinciales

Es de conocimiento público que muchas municipalidades acumulan diversos expedientes en los relacionado a trámites de procedimientos administrativos, denuncias, peticiones y quejas, de las cuales su atención demora entre uno a cinco años la resolución definitiva, el tramites se inicia con una o dos hojas el expediente y concluye con mas de 80 a 100 folios el documento, en donde se verifica la existencia de diversos informes imprecisos, inconsistentes y sin criterio de canalización de su debido procedimiento, finalmente el administrado es obligado a imponer recursos impugnativos retardando el proceso y burocratizando la atención.

Los motivos fundamentales que dan origen a tal burocracia se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento del trámite correspondiente por parte de la autoridad y del funcionario, por ejemplo, el Alcalde deriva el expediente a una o más dependencias a fin de agilizar la atención, sin embargo, en muchos casos, las áreas no tienen nada que ver con la atención, desvirtuando el principio del expediente único.

Asimismo, los funcionarios en la mayoría de los casos, carecen de criterio técnico y sentido común para orientar el trámite y atención, siendo incompetentes en muchos de casos debido principalmente a que no leen el expediente ni lo entiende, solo se dedican a derivar a través de proveídos su atención correspondiente, algunas frases características de dicha situación son las siguientes: “para su conocimiento”, “su atención correspondiente” “a plazo de ley”, etc., dicha situación, promueve dilatación y retardo a la atención inmediata, dando lugar a que el administrado (a), tenga la necesidad de visitar frecuentemente a la municipalidad, algunos de ellos dejan de lado el reclamo, petición o solicitud por cansancio y otros son sujetos a insinuaciones corruptas para finalizar el calvario de su requerimiento o atención.

En nuestra opinión dicha situación se debe principalmente a la incapacidad y falta de profesionalismo de los funcionarios o técnicos encargados de resolver los diversos trámites de procedimientos administrativos, solicitudes y/o requisitos que de ello se deriva, asimismo la mayoría de funcionarios y técnicos desconocen el marco normativo que esta sujeto la administració n pública, la situación se agrava cuando la autoridad convoca y contrata funcionarios sin experiencia, sin vocación de servicios, sin iniciativa e imaginación para resolver los problemas, algunos de ellos solo saben mover la cabeza de una lado a otro, decir si a todo lo que viene desde arriba, no ganarse problemas a fin de permanecer en sus cargos, solo piensa su sueldo, en su estabilidad laboral y como sacar provecho de su nueva situación, dichos funcionarios indudablemente son los Teletubbies de la administració n pública.

Visto la situación, recomendamos lo siguiente:
• Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos que defina la atención y derivación de los expedientes, procurando delegar funciones y competencias.
• Fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades del personal técnico de la Oficina de Trámite Documentario, a fin de que la solicitud sean derivadas a las áreas competentes de acuerdos a sus funciones y competencias.
• Fortalecer el desarrollo de capacidades a los funcionarios en el hábito de lectura y conocimiento de la normatividad, a fin de que aprendan a tomar conocimiento real de la documentación, analice la situación del problema y precise una mejor toma de decisiones a través de informes o proveídos. Asimismo, el funcionario deberá de pronunciarse en algún sentido favorable o desfavorable la atención del expediente, evitando ambigüedad, falta de precisión y efectividad de la queja, denuncia, solicitud o trámite correspondiente.
• Promover una evaluación permanente del funcionario, considerando que en muchos casos la carga administrativas que recibe anualmente sus áreas suman más de 12 mil expediente, solicitudes, informes, memorando, cartas, etc., lo que se hace burocrático la gestión administrativa, por consiguiente dicha situación es proclive a temas de corrupción (burocracia sinónimos de deficiencia y corrupción).
• Establecer un procedimiento de evaluación y monitoreo de la documentación, promoviendo una política de transparencia de la información al ciudadano, simplificació n administrativa en los procesos de verificación y sustentación y celeridad en la atención de la documentación.

Econ. Martín Moreno Z.
Blog: http://cemse. blogspot. com/

Cuervos de Alto Vuelo

Jans Erik Cavero Cárdenas cavero.je1@pucp. edu.pe

La corrupción del gobierno aprista es el resultado de su grave descomposició n y ausencia de renovación partidaria. Sus máximos dirigentes, Jorge Del Castillo y Omar Quezada, han demostrado ser incapaces morales para ejercer cargo público representativo, nacional o regional, o alta función pública.

¿Qué autoridad moral tendría Del Castillo para postular a la presidencia de la República?; ¿con qué cara Quezada intentaría un segundo gobierno regional en Ayacucho?; ¿el APRA tendrá el desparpajo de presentar cuervos de alto vuelo para estas elecciones regionales y municipales?

Estamos en el Perú y cualquier cosa puede suceder. Los casos más sonados de corrupción en la década del 80: BCCI, Dólar MUC, tren eléctrico, los aviones “Mirage”, etc., han sido olvidados por la memoria colectiva. El ciudadano - elector le entregó nuevamente palacio a un corrupto que estuvo, y está, involucrado también en delitos de lesa humanidad.

Se suele afirmar que el APRA tiene mayor organización partidaria en el país, pero no hay que olvidar que junto a los partidos fujimoristas tiene al mayor número de impresentables. Arana, Quezada, Del Castillo, Vílchez, Pastor, Alva Castro, Nava, Cornejo, son sólo la punta del iceberg. Si a éstos se suman militantes de base y mandos medios, la bandada de cuervos es inmensa.

La declaración jurada del tío George, al 2006, es “similar” a la declaración de rentas de Hilaria Supa. Sin embargo, los inmuebles que posee junto a su cónyuge, en Perú y Estados Unidos, no se condicen con la remuneración mensual que percibe como parlamentario. Si la esposa es ama de casa, a mucha honra, ¿con qué dinero ha adquirido tantas propiedades inmobiliarias?

En cuanto a Quezada, habría que analizar y comparar 4 declaraciones juradas: La primera cuando asumió el gobierno regional de Ayacucho el 2003; la segunda, cuando dejó el cargo; la tercera, cuando asumió la presidencia de COFOPRI; y la última, al dejar COFOPRI. Seguramente nos llevaríamos más de una sorpresa. Por lo demás, conviene interrogarse ¿por qué no tiene Quezada procesos judiciales en curso?, ¿tan limpio fue su gobierno regional y su gobierno municipal en Huanta?

Días atrás el Diario La Calle dio cuenta de que Contraloría de la República habría detectado la desaparición de fondos públicos durante el gobierno regional de Omar Quezada. ¿Qué esperan las autoridades competentes para denunciarlo? Asimismo, Quezada debe responder por los millones de soles que Pedro Pablo Kuczynski le entregó para implementar el Hospital Regional de Ayacucho. ¿Dónde está esa transferencia presupuestal?

Siempre he sostenido la hipótesis, quizá absurda, de que el ciudadano adinerado, o los empresarios exitosos que aspiran a cargos públicos, esconden ciertos intereses insanos. ¿Cuál sería la motivación de estos personajes para incursionar en política? Generar utilidades para beneficio personal. Si el sector público es ingrato, conflictivo, complejo, y mal pagador, no existen incentivos para ingresar en él, salvo que haya de por medio tráfico de influencias, corrupción, peculado, colusión, etc. Los procesos de contrataciones con el Estado movilizan mucho dinero. Si estos procesos son amañados, ganan proveedores y gobernantes a expensas de todos los contribuyentes.

Desde esta perspectiva, Rofilio Neyra, fujimorista empresario del gas en Ayacucho, y Wilfredo Oscorima, empresario de juegos de azar y tragamonedas, son un peligro inminente para el desarrollo de la región Ayacucho. Sus campañas proselitistas millonarias y la compra de consciencias que vienen desplegando a lo largo de las 11 provincias ayacuchanas, no tendrán mayor relevancia si promovemos desde diferentes espacios el voto responsable.

Si Carlos Malpica estuviera vivo, llenaría las bibliotecas de Lima con descripciones audaces de corruptelas gubernamentales. Su libro “Pájaros de Alto Vuelo” sería reeditado constantemente para desnudar a estos nuevos cuervos que han institucionalizado la corrupción.

Desconocimiento del derecho o acto intencionado

Por: Julio César Castiglioni

Lima, 19 mar (peruinforma.com).- Mediante Resolución Suprema 075-2010-PCM, publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano y firmada por el Presidente de la República, Alan García Pérez y el Presidente del Consejo de Ministro Javier Velásquez Quesquén, se da por concluido el nombramiento del “señor” Aurelio Pastor Valdivieso, en el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia, como consecuencia del indulto otorgado a favor de José Enrique Crousillat, mediante Resolución Suprema 285-2009-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de diciembre de 2009, la cual ha sido dejada sin efecto mediante Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS, firmada por el Presidente de la República y el Ex Ministro de Justicia, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 13 de marzo del presente año.

El numeral 21 del artículo 118º de Constitución Política del Perú, establece “corresponde al Presidente de la República, conceder indultos”, el numeral 13 del artículo 139º principios y derechos de la función jurisdiccional, señala “el indulto produce los efectos de la cosa juzgada”. Por su parte el artículo 85º de Código Penal precisa “la ejecución de la pena se extingue por el indulto” y el artículo 89º subraya “el indulto suprime la pena impuesta”. Si el Presidente de la República, emitía una Resolución Suprema invocando sus prerrogativas constitucionales y no lo sometía a un procedimiento administrativo, no se hubiera producido ninguna discusión jurídica, pero si política.

El indulto no es una sentencia judicial, este Poder del Estado cumplió con su rol, el indulto se dio mediante una Resolución Suprema y se ha dejado sin efecto con otra Resolución Suprema, corresponde analizar si procedía esta y si las Resoluciones, fueron dictadas conforme a Ley.

Mediante Resolución Ministerial 193-2007-JUS, se aprueba el “Reglamento Interno de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias y conmutación de la pena”, el cual establece en su artículo 19º que la solicitud puede ser presentada por el interno, dando de esta manera inicio al procedimiento administrativo, y el artículo 22º numerales b y d señalan: b) Los que pese a padecer enfermedades “no terminales”, la naturaleza de las condiciones carcelarias puede colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. d) Los mayores de 65 años en razón de ello. La Resolución Suprema 285-2009-JUS, establece “el solicitante se encuentra inmerso en el segundo y cuarto supuesto de la referida norma”.

Los informes médicos, después de desarrollar el estado de salud del solicitante, señalan: i) Juan E. Dyer, Médico Tratante, 05 de Junio del 2009, “Las condiciones carcelarias que se encuentra sometido ponen en riesgo la vida, integridad física y salud del solicitante al no contar con las instalaciones necesarias para su recuperación o tratamiento, afectándose de forma directa su derecho a una vida digna”. ii) La Junta Medica Penitenciaria, 19 de Junio del 2009, integrada por los Drs. Pedro Cubillas del Inpe, Félix Revilla Manchego - Cardiólogo del Hospital Dos de Mayo (Minsa) y Frank Brito Palacios – INCOR – ESSALUD. “Por los diagnósticos antes descritos, el paciente requiere evaluación continua de las siguientes especialidades: cardiología, neurología, y endocrinología, como segunda recomendación se señala que dichos controles deben darse en un establecimiento de salud que brinde las especialidades señaladas”. iii) Nuevamente el Dr. Juan E. Dyer Otero, Médico Tratante 04 de junio del 2009, “Debe continuar su manejo en clínica especializada y por ningún motivo debe reingresar al centro penitenciario, donde se carece de medios adecuados y especializados, por lo que, de no seguir el tratamiento se pone en riesgo la vida del paciente”. iv) En el penúltimo párrafo señala “Casos excepcionales de personas con enfermedad crónica y de avanzada edad como el presente, hacen que la continuidad de la ejecución penal pierda todo sentido jurídico y social”.

Nótese que ninguno de los exámenes médicos establece “enfermedad crónica”, y es el informe médico de parte señala que por ninguna razón debe ingresar a un centro penitenciario.

El artículo 103º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece: “el procedimiento administrativo se inicia o instancia del administrado”, el artículo 29º señala: “Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales”, el artículo 202º precisa: i) Puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. ii) Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. iii) La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos” y el artículo 10º puntualiza “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, i) La contravención a la Constitución, a las leyes o ii) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”.

Si bien es cierto la Constitución Política del Estado establece que el indulto produce los efectos de la cosa juzgada es necesario precisar, que la cosa juzgada es la sentencia firme y consentida que emite el Poder Judicial, dentro de su facultad de administrar justicia.

Una Resolución Suprema es un acto Administrativo, proveniente de un procedimiento administrativo, iniciado a solicitud de parte, reglamentado a través de una Resolución Ministerial, no puede surtir los efectos de la cosa juzgada. El acto administrativo se anula con otro acto administrativo por vicios insalvables al momento de su emisión, toda vez que esta se dicta en sede administrativa.

La Resolución Suprema 056-2010-JUS, establece en su Tercer párrafo “después de su liberación, el ex recluso Crousillat López Torres ha hecho sucesivas apariciones publicas” mostrándose en un “aparente buen estado de salud” lo que desvirtúa la causa por el que fue solicitado su indulto” y en el Cuarto párrafo “con fecha 12 de marzo del presente año, el Juez del Segundo Juzgado Penal Especial de Lima ha ordenado su ubicación y detención para su procesamiento por la comisión del presunto delito contra la administración pública, cohecho pasivo propio del ex recluso Crousillat López Torres” y en la parte resolutiva deja sin efecto la Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS, es decir no declara su nulidad, para ello la Resolución debe señalar las causales de nulidad en que se han incurrido en la primera resolución. “Una Ley se deroga por otra Ley”, “un acuerdo se deja sin efecto con otro acuerdo”, “una Resolución se anula con otra Resolución”, al tener insuficiencia en la motivación ya que solo se sustenta en las apariciones publicas que ha hecho y el mandato de detención preliminar que es solo es para determinar la autenticidad de la documentación presentada, no son argumentos suficientes para anular una Resolución.

Pensaba que era un desconocimiento jurídico por parte del Presidente de la República y el Ex Ministro de Justicia, sin embargo he llegado al convencimiento que la última Resolución ha sido dictada ex profesamente, a fin de facilitarle el camino al prófugo de la justicia para que pueda acudir a los tribunales nacionales e internacionales a través de una demanda de garantía.

LOS CONDENADOS NO PUEDEN POSTULAR

Por: Julio César Castiglioni

Lima, 22 abr. (peruinforma.com).- Ha generado polémica la publicación de la Resolución 247-2010-JNE que aprueba el Reglamento de inscripción de Listas de candidatos para las elecciones Regionales y Municipales del año 2010, el cual establece los requisitos para ser candidato para el cargo regional y el cargo municipal.

Nos parece bien que el Jurado Nacional de Elecciones interpretando el sentir de la población ha establecido que para el efecto de la postulación, en el caso de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, es aplicable la Ley Nº 26859 Ley Orgánica de Elecciones y más no la ley Nº 27863 Ley de elecciones Regionales modificada por la ley Nº 29470 y la Ley Nº 26864 Ley de elecciones Municipales.

La Ley de Elecciones Regionales entre los impedimentos para postular no establece que los condenados están impedidos de hacerlo, como consecuencia de ello, pudo postular a la presidencia regional del Gobierno Regional de Huancavelica su actual presidente Federico Salas Guevara Shutz, quien tenía condena vigente por delito doloso al haber sido condenado por el Poder Judicial por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y falsedad ideológica en agravio del Estado, pago de la CTS al reo en cárcel Vladimiro Montesinos Torres, una vez elegido se solicitó su vacancia, el Consejo Regional demoró la tramitación de este y además rechazó el pedido y cuando fue remitido al pleno ya se encontraba rehabilitado; la rehabilitación es automática conforme a lo establece los artículo Nº 61 y 69 del Código Penal por lo cual no fue vacado conforme se desprende de la Resolución Nº 184-2007, lo peor del caso es que en la modificación de la Ley de elecciones Regionales por la ley Nº 29470 se incluyeron los impedimentos y entre ellos no se estableció estar condenado por delito doloso.

En el caso de la Ley de Elecciones Municipales sobre el inciso C, numeral 1 del artículo 8 establece los impedimentos pero nos remite al inciso 9 de la ley 23583 anterior Ley Orgánica de Municipalidades que impide que los condenados puedan postular sin embargo, no se modificó la Ley de Elecciones Municipales y al existir un vacío en la norma, anomia, cita de norma derogada, generaba una inacción del Jurado Nacional de Elecciones, en razón de ello se permitió la postulación de la señora Kelly Zulema Álvarez Tupayachi, del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, quien tenía condena vigente por el delito de hurto agravado, hurto sistemático de energía eléctrica y por estas por esas incongruencias normativas, se le permitió postular y ganó las elecciones; posteriormente se le solicitó la vacancia y fue vacada en el cargo conforme lo establece la Resolución Nº 126-2007-JNE y Nº 155-2007-JNE

Nos parece acertado el criterio establecido por el máximo organismo electoral en el reglamento publicado que en este extremo es de aplicación el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, ley superior prima sobre la ley inferior, principio de jerarquía normativa, por lo cual se está impidiendo la postulación de las personas que hayan sido interdictadas por resolución judicial, por sentencia privativa de la libertad, el Jurado Nacional de Elecciones ha precisado que debe ser consentida y ejecutoriada y por sentencia por inhabilitación de los derechos políticos, decisión que debemos saludar toda vez que con ello se busca la transparencia de los comicios electorales.

http://www.peruinforma.com/index.php?menu=news&pag=10&id=53494

Actuemos juntos en la lucha contra la corrupción

En nuestro país la corrupción se manifiesta de diferentes formas y en distintos niveles. Desde la corrupción de funcionarios públicos, muchos de los cuales hemos visto en los medios de comunicación, hasta la corrupción en escuelas, establecimientos de salud, comisarías, etc. que involucran al ciudadano de a pie. Por ello, es imprescindible que en la lucha contra la corrupción intervengan todos los actores potencialmente implicados, ciudadanos y autoridades, mediante una acción colectiva.

Es erróneo pensar que la erradicación de la corrupción es un problema del cual se debe ocupar solo el Estado, ya sea a través de normas, sistemas de control institucionales más rigurosos o sanciones más drásticas. Los ciudadanos debemos actuar en forma conjunta con el Estado, ya sea para establecer mecanismos de prevención de actos de corrupción o para realizar acciones que contribuyan a su erradicación, generando una conciencia ética de interés público en la que la corrupción sea percibida como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y no a particulares, por lo que cualquier persona estará dispuesta a denunciarla y a oponerse a su práctica.

Desde la Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción, se realiza el seguimiento de las políticas públicas del Estado, la promoción de la ética dentro de la acción pública y la prevención de la corrupción, desde un enfoque de derechos, con énfasis en las poblaciones más pobres y excluidas.

Asimismo, a través del Programa Umbral Perú (resultado de un Convenio de Donación firmado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Perú) se está trabajando para reducir la corrupción en la administración pública. Dentro de los objetivos de este Programa está el fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción que ejerce el Estado peruano a través del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, así como incrementar la conciencia ciudadana sobre la naturaleza del problema y el papel que los ciudadanos deben desempeñar en la lucha anticorrupción.

De esta manera, la lucha contra la corrupción implica un compromiso activo y coordinado mediante una acción colectiva, que reconoce la corrupción como un problema que afecta a los ciudadanos y ciudadanas en su conjunto, motivando su denuncia y la oposición a su práctica.

¿Tienes algún caso que contar en el que, como ciudadano, has dicho NO frente a un acto de corrupción?, comparte con nosotros tu historia en este blog o comenta en nuestro sitio en facebook o presenta tu queja vía on line.

Autor: Carlo Mario Velarde Bazán
Comisionado del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Corrupción eficiente, contradicción evidente

Pese a lo que se comenta y argumenta en distintos espacios, la corrupción no es eficiente ni puede generar eficiencia.

Esas afirmaciones, cabe apuntar, no son nuevas. En 1968, Huntington sostenía que «para el crecimiento económico, solo hay algo peor que un gobierno rígido y corrupto: un gobierno rígido y honesto». Tal hipótesis señala que la corrupción pone en funcionamiento mecanismos de aparatos públicos que no se activarían sin su impulso.

La eficiencia —entendida como la capacidad para alcanzar objetivos y metas mediante el uso óptimo de recursos— es incompatible con la corrupción, en primer término, porque ocasiona enormes pérdidas a las economías. El Pacto Mundial de la ONU asevera, por ejemplo, que la corrupción incrementa, aproximadamente, el 25% del costo de las contrataciones públicas los países del mundo. Difícilmente, un régimen puede considerarse eficiente ante un índice porcentual de tal contundencia.

Además, si, efectivamente, ciertos actos de corrupción facilitaran la actuación de una administración pública casi inerte, es innegable el riesgo de que se vuelvan indispensables y encarezcan, hasta volver inalcanzables, los servicios públicos necesarios para asegurar la vigencia de los derechos de las personas. Allí —además de la notoria ineficiencia en el servicio público al ciudadano— se aprecia un punto clave de todo razonamiento vinculado con la corrupción: su impacto en los derechos fundamentales.

Es necesario mencionar que, para la Defensoría del Pueblo, la corrupción vulnera derechos fundamentales de manera directa o indirecta. Los actos de corrupción violan directamente derechos de las personas cuando impiden el ejercicio de uno o más derechos; lo hacen indirectamente al iniciar una serie de eventos que, finalmente, restringen o limitan su cabal vigencia. La adquisición pública de medicamentos en mal estado para favorecer a un postor es un ejemplo de afectación directa del derecho a la salud —además del derecho a la integridad y, eventualmente, el derecho a la vida de los ciudadanos usuarios de los servicios de salud, así como del derecho a la igualdad y no discriminación de otros postores—, mientras que el desvío de fondos destinados a la construcción o equipamiento de hospitales o centros de salud en procura de obtener ventajas o beneficios indebidos es una muestra de vulneración indirecta de diversos derechos.

Volviendo a la tesis de la corrupción eficiente, debe recordarse un criterio ético que se traduce en obligación constitucional: el fin supremo del Estado es proteger a las personas. La corrupción debilita las instituciones públicas al dañar su legitimidad. Sin instituciones públicas sólidas, el Estado de Derecho no funciona y el sistema democrático no realiza sus tareas, entre ellas, la defensa de los derechos fundamentales que la corrupción vulnera. Al no cumplir con su fin supremo, el Estado no puede considerarse eficiente.

Los criterios éticos exigen recordar, también, que una democracia presta tanta atención a los fines como a los medios empleados para lograrlos. Las personas son siempre fines y los medios que se usen para garantizar sus derechos deberán ser éticamente adecuados a los valores democráticos. Los actos de corrupción nunca podrán entenderse como éticamente correctos y, por ende, medios óptimamente utilizados para conseguir objetivos. Es decir, no son ni serán eficientes.

En conclusión, una aproximación economicista será plenamente coincidente con una mirada desde los derechos fundamentales al descartar la tesis de la corrupción eficiente. Desde los vicios en la economía a gran escala, los perjuicios a los sistemas administrativos y políticos hasta las gravísimas consecuencias en la vida de las personas y de los grupos humanos, la corrupción es evidentemente ineficiente.

Autor: Francisco Macedo
Comisionado del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción

¿Sabes qué información deben difundir en sus portales de transparencia los gobiernos regionales y municipales?

Publicado en 23 de Abril de 2010

Todas las entidades del Estado tienen la obligación de implementar portales de transparencia que proporcionen a los ciudadanos información acerca de su gestión, según lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de los gobiernos regionales y locales, estos deben difundir en sus portales información sobre la ejecución de los recursos públicos y de los proyectos de inversión pública, el proceso de presupuesto participativo, la agenda y las actas con los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Regional o Concejo Municipal, los informes de rendición de cuentas, entre otros.

Con el objetivo de colaborar con la efectiva vigencia del principio de transparencia, la Defensoría del Pueblo ha publicado hoy el “Cuarto Reporte y Balance Anual 2009 de la Supervisión de los Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades Provinciales ubicadas en capitales de departamento”, el cual revela que, de los 25 gobiernos regionales supervisados, 13 disminuyeron su nivel de cumplimiento y 10 lo incrementaron respecto de lo alcanzado el 2008. Asimismo, de 25 municipalidades provinciales supervisadas, 10 disminuyeron su nivel de cumplimiento y 15 lo incrementaron en el año 2009.

Con relación a los niveles de cumplimiento, el más alto lo obtuvo el Gobierno Regional de Amazonas con 91%, seguido por el de Huancavelica con 87%; mientras que los niveles más bajos los registraron los Gobiernos Regionales de Ancash y Cajamarca con 42% y 54%, respectivamente. En el caso de las municipalidades, el nivel más alto de cumplimiento lo obtuvo la Municipalidad Provincial de Huamanga con 68%, seguido de Lima con 66%. Los niveles más bajos se registraron en las Municipalidades de Ica con 13% y Huánuco con 17%.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales realizar sus mayores esfuerzos para difundir información sobre su gestión, así como actualizar continuamente sus portales de transparencia conforme a las normas legales vigentes.

La adecuada implementación de los portales de transparencia no solo constituye un mecanismo eficaz de difusión de la información, sino que evidencia el compromiso de las autoridades regionales y locales de hacer transparente su gestión, lo cual fortalece la confianza en las personas.

Pero los ciudadanos también podemos y debemos ejercer control y vigilancia sobre la gestión de los alcaldes y presidentes de gobiernos regionales mediante la visita a los portales de transparencia, ejerciendo nuestro derecho de acceso a la información pública.

¿Has tenido alguna dificultad para acceder a información pública de tu municipalidad o gobierno regional? Comenta y debate sobre este tema en nuestro blog o nuestra página en facebook.

Autora: Kelly Linarez Calderón
Comisionada del Programa de Descentralización y Buen Gobierno

Propaganda electoral y política en predios privados

El 14 de junio vencerá el plazo para que los partidos y movimientos políticos designen a sus candidatos para las próximas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, basta con dar un rápido recorrido por las principales avenidas y calles de cualquiera de los distritos de Lima y Callao para advertir la “invasión” de abundante propaganda electoral que, de manera indiscriminada, afecta el ornato de nuestra ciudad.

Hace unos días la Defensoría del Pueblo dio cuenta ante la opinión pública –y en este mismo blog– de los resultados de la supervisión efectuada a los paneles instalados en vías y obras públicas de Lima Metropolitana y Callao que contenían elementos visuales que podían inducir a la población a relacionarlos con determinada organización política, lo que constituye una afectación al principio de neutralidad.

Pero el problema toma diferente matiz cuando la propaganda electoral, además de ir contra el ornato y la armonía del paisaje urbano, afecta nuestra propiedad con pintas que son realizadas sin el debido consentimiento del propietario, con diferentes diseños, tamaños y colores para promover la elección de un candidato.

Al respecto, cabe señalar que la ley permite realizar propaganda electoral en predios de dominio privado siempre que el propietario conceda permiso por escrito, el cual deberá ser registrado ante la autoridad policial de la zona; de igual forma se exige dicha autorización para el caso de la propaganda política, que es aquella que busca publicitar las obras y programas de entidades estatales.

Entonces, surge la pregunta: ¿Qué hacer frente a la propaganda electoral que se ha realizado en mi propiedad sin la debida autorización?
Pues bien, durante los procesos electorales corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –ya sea por decisión propia o a petición de los afectados– fiscalizar la propaganda electoral y política situada en predios públicos y privados y ordenar el inmediato cese de la infracción cometida o el retiro de la propaganda.

Según sea el caso, también podrá realizar una amonestación pública –mediante resolución– que será leída en audiencia pública y publicada en el diario oficial El Peruano, así como multar a la organización política o al infractor.

Además, en caso de que el infractor sea un funcionario o servidor público y no adoptase las medidas correctivas pertinentes dentro del plazo otorgado por el JNE, dicha institución podrá disponer la suspensión del ejercicio de sus funciones. También prevé que en casos extremos el infractor podrá ser sancionado penalmente, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pueda imponer la respectiva municipalidad.

Esperamos que esta labor se vea complementada con el control y la vigilancia que le toca cumplir a los propios vecinos y vecinas de cada distrito, en aras de un proceso electoral justo, competitivo, transparente y respetuoso de la voluntad ciudadana. Por nuestra parte estaremos atentos para intervenir en todos aquellos casos en los que se haya denunciado la colocación de propaganda sin consentimiento del propietario y las autoridades competentes no hayan intervenido oportunamente al respecto.

Autor: Walter Ávila Teshiroqui

Comisionado de la Oficina Defensorial de Lima

Contraloría devela acciones ilegales de la gestión de alcalde de Sullana

Sábado, 08 de Mayo de 2010 - Diario El Regional de Piura

Según la percepción ciudadana, el gobierno municipal de Jaime Bardales Ruiz es ampliamente corrupto. Regidores y particulares han denunciado hechos concretos, como falsificación de documentos para ganar procesos de selección y cartas fianzas falsas para pagar adelantos y otros; aunque mucho de ello está pendiente para develarse, Contraloría General de la República ha determinado algunos casos que confirman las verdades conocidas. En este informe detallamos sobre dos obras que ganaron los hermanos Ubillús, quienes son parientes de Teodomiro Gonzáles Cornejo, responsable del control posterior en la Municipalidad

Empresa FACE, imposibilidad de contratar, documentos falsos y simulaciones
Dos grupos han sido privilegiados en las licitaciones por los operadores del médico Jaime Bardales. Uno está referido a la empresa FACE INVERSIONES y otro a un personaje de apellido Dioses. Contraloría ha escarbado y sus conclusiones son demoledoras.

Uno de los aspectos concluyentes es que se ha beneficiado a parientes del CPC Teodomiro Gonzáles Cornejo y que es una infracción a la Ley; agrega que adicionalmente en las licitaciones donde participó la empresa FACE se otorgó información falsa, no cumplían con las exigencias de las bases administrativas y como ya es costumbre, suscribieron contratos con cartas fianzas emitidas por entidades no autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

La empresa FACE INVERSIONES sola o en consorcio, ha ejecutado el Centro de Convenciones, el Puente Héroes del Cenepa, los accesos a dicho puente y además el Estadio Municipal Campeones del 36. Contraloría ha analizado dos procesos, uno para la Culminación del Centro de Convenciones, y la Construcción Héroes del Cenepa. Es de propiedad de Carlos y Jorge Ubillús Gonzáles, sobrinos del Jefe de la OCI de la Municipalidad Teodomiro Gonzáles Cornejo, quien en el colmo participó como veedor en las licitaciones donde salieron ganadores.

Ganaron sin cumplir requerimientos técnicos
El informe de Contraloría, precisa que a nivel de requerimientos técnicos para la Construcción del Puente Héroes del Cenepa y que ganó el Consorcio del Norte integrada por la empresa de los Ubillús e INVERMERCO, se les otorgó la buena pro sin cumplir los requerimientos técnicos, precisándose que el residente propuesto no reunía la experiencia requerida. Detallan uno a uno los documentos que demuestran el incumplimiento de las bases. Como para ratificar el modus operandi de la gestión Bardales, en el análisis de la buena pro para el Centro de Convenciones donde se entregó la obra a los hermanos Ubillús y a la empresa NORCAMT quienes formaron el Consorcio Sullana, sucedió lo mismo, es decir entregaron la buena pro pese a no cumplir con las bases.

Impedimento para ser Postor de los hermanos Ubillús
Contraloría precisa, amparándose en la Ley, que los hermanos Ubillús, propietarios de la empresa FACE y ganadores de las dos licitaciones que se analizan, se encontraban prohibidos de contratar con la Municipalidad de Sullana en su condición de consanguíneos de segundo grado con el Jefe del Órgano de Control Teodomiro Gonzáles Cornejo, con el agravante que en uno de los procesos participó como veedor. Gonzáles en todo momento ha sido esquivo y renuente a investigar a la gestión del médico Jaime Bardales Ruiz.

Como Dios en todo sitio
Contraloría con todos los elementos del caso, puntualiza sobre el personal que trabajaría en las dos obras que se entregó a los hermanos Ubillús y que estaban cercanas a los 5 millones de nuevos soles. Se demuestra que era el mismo, agravante ya que se tiene en cuenta que ambas obras dadas a los privilegiados del alcalde Bardales, ejecutarían obras en simultáneo. Tomo como referencias lo que dice el Consorcio Sullana y Consorcio del Norte, con cuyo nombre los Ubillús fueron beneficiarios de la buena pro.

Queda al descubierto falsificaciones
Los regidores locales han denunciado hasta el cansancio, la viveza y "criollada" de quienes participan en la gestión Bardales. El alcalde jamás ha adoptado decisión alguna y por el contrario siempre los ha blindado. Luis Parodi Saravia, con dicho aval ha sido totalmente irresponsable y con él los demás miembros del Comité Especial encargados de dar la buena pro.

En el análisis que se realiza, se demuestra que los propuestos como parte del equipo técnico jamás participaron en el proceso y se tomaron sus nombres solo para cubrir los requisitos. El equipo de Contraloría ha logrado demostrar que: Carlos Alonso Vásquez Durand; Ricardo Máximo Hernández Aquije, Pablo Adolfo Humberto Valdivia Chacón, Carlos Fernando Díaz Díaz, Fernando Arturo Elias Zuloeta, Aníbal Quintín Cáceres Narrea, Amador Guilmer Naveda Asalde, y Gerald Enrique Zapata Palacios; todos ellos presentados como equipo profesional y técnico jamás participaron o avalaron ser propuestos en los sobres técnicos; en términos sencillos se les tomó su nombre, y se les falsificó las firmas.

Cartas fianzas de entidades no autorizadas
La conclusión de Contraloría respecto a las cartas fianzas, solo logra determinar que han sido otorgadas por entidades que no son autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. En efecto, los hermanos Ubillús presentaron cartas fianzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPYME para adelanto directo y materiales de las dos obras ganadas. Ha quedado demostrado que todas las cartas son de dicha entidad.

Se conoce adicionalmente, que respecto a las cartas fianzas existe mucha duda respecto a su veracidad. Procesos penales iniciados desde Lima, pronto estarán demostrando que la gestión Bardales, está comprometida hasta el tuétano, no solo en la predilección para entregar obras, sino también para avalar acciones contrarias a la legalidad.

Simularon recepción de obra para beneficiar a consorcio
Aunque todos los elementos mencionados anteriormente son graves y demuestran la precariedad y desintegración de la gestión del médico Jaime Bardales, Contraloría ha demostrado la simulación de la recepción de obra del Centro de Convenciones y realmente es sorprendente conocer los pormenores y difícil comprender tanta irresponsabilidad. Esta simulación tendría el único fin de evitar una multa a la empresa de 260 mil nuevos soles.

En efecto, en el 08 octubre del 2009 los integrantes del Comité de Recepción donde figura Carlos Panta Palacios, firman el acta respectiva recibiendo la obra a conformidad. Ellos, quizá creyeron que el caso se mantendría oculto y que nadie investigaría. Pero se equivocaron, pues el equipo de Contraloría comprueba que el 24 de febrero del 2010 se seguía trabajando a puerta cerrada en el Centro de Convenciones. Ello indica que la obra fue recepcionada sin haberse cumplido al 100% las partidas que contenía el expediente técnico.

Según el equipo contralor precisa que ante el incumplimiento en la entrega de la obra la Municipalidad debería haber aplicado a los Ubillús la penalidad de Ley ascendente a S/. 262,208.25.

Demostrando la confabulación que existe entre los funcionarios de Jaime Bardales y la empresa de los hermanos Ubillús, al 10 de marzo del 2010 seguían sin aplicar la penalidad del caso. La simulación de recepción de obra tiene otro transfondo.

Jaime Bardales ha sido conciente de todas estas infracciones, incluso respecto a la postergación de la inauguración ha dado justificaciones infantiles.

Peor que Isaías Vásquez Morán
Isaías Vásquez Morán fue investigado por este medio en lo que respecta a su gestión. Los negociados en el Vaso de Leche y otros contratos mañosos como el de la Plaza de Armas lo mostraban hasta el momento como el alcalde más cuestionable; sin embargo, conforme se vayan develando las acciones irregulares e ilegales cometidas por la gestión del médico Jaime Bardales, no habrá parangón incluso con ningún alcalde del país.

En estas acciones hay responsables, el médico Jaime Bardales es el primero; lo siguen Carlos Panta Palacios quien incluso ha firmado el acta de recepción simulada para beneficiar a los hermanos Ubillús y está comprometido en otras acciones precisas de cartas fianzas; Luis Parodi Saravia como operador en las adjudicaciones y responsable funcional de la supervisión y con él todos los que hayan participado en procesos donde se ha beneficiado a personas naturales y empresas infringiendo la normatividad conforme se ha puntualizado por Contraloría General de la República.

El dato
Un proceso sobre falsificación de documentos en otra obra, tuvo la intervención del Fiscal de Prevención del Delito, pero tras demostrarse la veracidad de la denuncia, el Fiscal responsable de tramitar el proceso decidió archivar el caso. Es decir el modo de operación no es nuevo y se estaría dando en la mayoría de obras que se han adjudicado en la Municipalidad de Sullana y en donde incluso se pedía 25 años de experiencia, todo ello para desalentar la participación de postores.

Corrupción implica ya a demasiados personajes cercanos a Alan García

Miércoles, 05 de Mayo de 2010 15:43

Demasiados. Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Alberto Químper, Rómulo León, Omar Quesada, Aurelio Pastor, César Zumaeta, entre otros altos y medianos dirigentes apristas están involucrados en graves denuncias de lobby y corrupción. Todos estos personajes son o han sido cercanos colaboradores del presidente Alan García, desde su antiguo abogado ad honoren

Químper hasta el que pudo haber sido su delfín, el ex premier Del Castillo. Además de las cercanías personales, el Presidente se ve salpicado porque todos estos casos se han visto facilitados por dos políticas de Estado vinculadas entre sí: la agresiva promoción de la inversión privada a como de lugar, y el huayco de decretos que han relajado los controles anticorrupción.

El último escándalo, destapado ayer por Ideele Radio, es especialmente grave porque implicaría un negociado con los recursos utilizados para las víctimas de la violencia política en Andamarca (Ayacucho). En este caso, COFOPRI habría titulado a favor de un particular un terreno destinado a un taller artesanal en el marco de las reparaciones colectivas. Este es una nueva irregularidad en la institución que dirige Omar Quesada, flamante secretario general colegiado del partido aprista -recién electo en marzo de este año-. COFOPRI está en cuestión desde la semana pasada, cuando estalló el escándalo mayúsculo de la venta subvaluada de un terreno de 300 mil metros cuadrados: COFOPRI lo transfirió al ciudadano Oswaldo Chauca por el valor arancelario de 4,908 soles y ahora puede ser vendida al precio del mercado, que ronda los 12 millones de dólares. Por estos casos, Quesada podría estar a punto de dejar su cargo partidario, aunque al parecer se resiste a ello.

Jorge del Castillo era el otro flamante miembro del secretariado general colegiado del APRA. Y ahora también es un flamante ex miembro de dicho secretariado: esta semana tuvo que pedir “licencia indefinida” tras la publicación de dos nuevos audios que demostraron que el ex premier había realizado lobby a favor de la empresa petrolera Monterrico. Estos audios forman parte del confuso y enorme caso de los “Petroaudios” que se conoció el 2008 y que implica a numerosos dirigentes apristas en la “gestión de intereses” de empresas privadas. El único que está preso es Rómulo León, ministro del primer régimen aprista y padre de la actual congresista Luciana León. Otro implicado, precisamente el que aparece en los audios que tumbaron esta semana a Del Castillo, es Alberto Químper o “Don Bieto”, quien fuera abogado del presidente García. En uno de los audios, Químper explica que “como yo no le cobré a Alan García por defenderlo, para compensarme económicamente (él) me metió de abogado de Vera Gutiérrez”, propietario de Petrolera Monterrico. Es hasta ahora una de las menciones más explícitas que indicarían que el Presidente sabe más de lo que dice en estos casos de corrupción.

Otros miembros del círculo alanista implicados en lobbys y corrupción son Hernán Garrido Lecca, sindicado como presunto promotor de intereses de Cemex; Aurelio Pastor, quien tuvo que salir del ministerio de Justicia luego de promover el indulto al corrupto empresario televisivo José Enrique Crousillat; y César Zumaeta, también acusado de tráfico de tierras.

El hecho de que demasiados personajes del círculo de poder alrededor de Alan García tengan serias denuncias por corrupción no es lo único que hace que estas denuncias “salpiquen” al Presidente. En realidad, la mayoría de estos casos tienen lugar en el marco de políticas de Estado promovidas directamente por García. La primera de ellas es la agresiva promoción de inversiones transnacionales, sobretodo en la explotación de recursos naturales. No por gusto uno de los mayores escándalos es el de los “petroaudios”. En los últimos años las concesiones de lotes petroleros han pasado de ocupar el 15% de la amazonía al 72% actual, lo que da una idea de la cantidad de lotes negociados. Una segunda política promovida activamente por García ha sido el relajamiento de los controles anticorrupción mediante un verdadero huayco de decretos legislativos y de urgencia que han atado de manos a la Contraloría y han recortado plazos para el estudio y aprobación de decenas de obras y concesiones. En este rubro se ubican, por ejemplo, los “superpoderes” que recibió COFOPRI el 2007 para titular por cuatro años no sólo predios urbanos sino también rurales. También se ubican aquí las concesiones portuarias como el polémico caso de Paita. Para aclarar su conocimiento de estos casos, pues, no basta que Alan García llame "ratas" a aquellos funcionarios a quienes se les descubre gestionando interesas privados o cometiendo actos abiertos de corrupción.

http://alertaperu.org/publicar/nacionales/612-corrupcion-implica-ya-a-demasiados-personajes-cercanos-a-alan-garcia.html

Corrupción, ética y política

Corrupción, ética y política

Rodrigo Montoya Rojas

La corrupción ha pasado a ser el problema aparentemente más importante en el país después que los dos secretarios generales del partido que gobierna se han visto seriamente comprometidos en graves problemas. Entre tanto el presidente García hace piruetas verbales para hacer creer que sólo se trata de pequeñas ¨turbulencias¨ en el vuelo aprista. Con su habitual incontinencia verbal y facilidad para insultar, sin nombrarlos ha llamado a los corruptos “ratas” y “basura”, y hasta los ha enviado “al diablo”. Pareciera que podría repetirse aquel lamentable episodio con su célebre frase “se van ellos o me voy yo”, luego de haber dado la orden de acabar con los presos políticos en las cárceles de Lima, en 1986. No se fueron los anónimos “ellos”, tampoco él. Por sus gestos y frases pareciera que el presidente García nada tendría que ver con la corrupción.

Comprar influencias para conseguir leyes y decretos que sirvan para ganar mucho dinero es un componente estructural del capitalismo en todas partes y en todos los tiempos. Ocurre que son muy pocas las coimas detectadas y probadas y, peor aún, debidamente castigadas. Hay quienes saben hacer bien sus trabajos de lobistas sin dejar huellas y otros torpes y faroleros como el tal Bieto Químper y sus amiguetes. Hay empresarios, funcionarios y políticos expertos en ofrecer y recibir coimas y otros aprendices y torpes.

Para cubrirse de coimas, robos y muertes, hay disposiciones legales, incluso constitucionales. En Perú el presidente no puede ser acusado de ningún delito mientras esté en el ejercicio de su cargo. Después sí, pero las alianzas entre las fuerzas políticas resultan muy útiles para que al presidente saliente no se le toque y éste y sus congresistas devuelvan después el favor. Esta es la reciprocidad real de la corrupción. La llamada inmunidad parlamentaria es un privilegio que protege a los corruptos y se convierte prácticamente en impunidad. El juicio y la condena a Fujimori es una excepción en la historia peruana debido a la magnitud extraordinaria de sus delitos y crímenes y a la feliz aparición de los primeros brotes de una conciencia ciudadana, clave para bloquear la impunidad.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/corrupcion-etica-y-politica_61967.html

Acceso a la Información : Europa y Transparency Internacional analizarán en 30 países si cumplen ley de acceso a la información pública

[3/5/2010] Una iniciativa global analizará, bajo el lema “Tell us what you’ve done” (Dinos qué has hecho), la dificultad a la hora de conseguir información pública por parte de los periodistas, así como la transparencia en la gestión de los gobiernos y sus esfuerzos por evitar la corrupción. La iniciativa, liderada por Access Info Europa y Transparency International, comienza hoy con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y pretende verificar si los gobiernos de treinta países cumplen los acuerdos alcanzados dentro de la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC). En total son treinta países los que serán analizados, entre los que se encuentran los latinoamericanos Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela y Trinidad y Tobago.En Europa los países analizados serán España, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Holanda, Hungría, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Información publicada en diario El Comercio (Perú)



Transparencia estatal del Perú será evaluada por una iniciativa global

“Dinos qué has hecho” es el nombre del grupo que verá si gobiernos cumplen con acuerdos anticorrupción

Berlín (EFE). Una iniciativa global analizará, bajo el lema “Tell us what you’ve done” (Dinos qué has hecho), la dificultad a la hora de conseguir información pública por parte de los periodistas, así como la transparencia en la gestión de los gobiernos y sus esfuerzos por evitar la corrupción.

La iniciativa, liderada por Access Info Europa y Transparency International, comienza hoy con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y pretende verificar si los gobiernos de treinta países cumplen los acuerdos alcanzados dentro de la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC).

Desde hoy mismo comenzarán los trabajos para requerir información a los diferentes gobiernos, tarea que estará encabezada por miembros de Transparency International (TI), que contarán con el apoyo de la red de abogados para la libertad de información y de la UNCAC.

La finalidad es observar qué nivel de transparencia tiene los diferentes gobiernos después de haber firmado y pactado esfuerzos anticorrupción.

En total son treinta países los que serán analizados, entre los que se
encuentran los latinoamericanos Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela y Trinidad y Tobago.

En Europa los países analizados serán España, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Holanda, Hungría, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

También serán estudiados Israel, Bahrein, Bangladés, Canadá, Egipto, Ghana, Liberia, Nigeria y Pakistán.

Los resultados de la iniciativa se harán públicos en 2011, durante la cuarta Conferencia de la UNCAC que tendrá lugar en Marruecos.

“El acceso a la información es el centro de la agenda anticorrupción”, manifestó en un comunicado el coordinador de la iniciativa de TI, Gilliam Dell, que añadió que “el número de casos de abuso de poder por la falta de control por parte de la prensa nos indica que la información pública es vital”.

Establecido por Naciones Unidas desde 1993, el Día Internacional de la Libertad de Prensa está dedicado este año “al derecho a saber”, para reclamar el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a la información sobre el funcionamiento de las entidades públicas.

“El derecho a saber qué es lo que saben los gobiernos es esencial para la profesión periodística y para que la sociedad civil pueda vigilar e identificar la corrupción en los estamentos públicos”, indicó la directora ejecutiva de “Access Info Europe”, Helen Darbishire.
http://elcomercio.pe/noticia/471761/transparencia-estatal-peru-evaluada-iniciativa-global

UNA LECHE DEMASIADO TURBIA

UNA LECHE DEMASIADO TURBIA

La denuncia de presuntas compras turbias en el programa del Vaso de Leche por parte de algunas municipalidades ha puesto otra vez sobre el tapete la corrupción en ese programa social, así como la indolencia, cuando no la negligencia, del gobierno frente a aquella corruptela.

UNA LECHE DEMASIADO TURBIA

La denuncia de presuntas compras turbias en el programa del Vaso de Leche por parte de algunas municipalidades ha puesto otra vez sobre el tapete la corrupción en ese programa social, así como la indolencia, cuando no la negligencia, del gobierno frente a aquella corruptela.

Basta un ejemplo para entender la dimensión escandalosa de este caso: La Marina de Guerra compró 300 mil latas de leche a S/.1.90 la unidad, un precio razonable para el tamaño del lote adquirido. En contraste, la municipalidad de Villa El Salvador compró dos millones 68.352 latas idénticas pagando S/. 2.20 la unidad. ¿Por qué tanta diferencia?

La mayoría de las compras de leche enlatada por parte de los municipios son ilegales porque se hacen con un solo postor, sin competencia, yendo así en contra del libre mercado consagrado por la Constitución de la República.

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), encargado de vigilar las licitaciones del Vaso de Leche, se lava las manos diciendo que la Ley de Contrataciones públicas permite que las compras se hagan con un solo postor, como si una ley estuviese sobre la Constitución.

Los alcaldes incurren en conducta dolosa al permitir que las comisiones que organizan dichas compras también se salten la norma constitucional y encima paguen precios exorbitantes por la leche, como en el caso de Villa El Salvador. El pretexto es que dichas comisiones son autónomas.

Un sector de dirigentas de los Comités de Vaso de Leche defiende a capa y espada esta situación, al extremo de organizar inclusive marchas en contra de cualquier autoridad que quiera poner orden en las compras turbias.

Por último, el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), encargado de velar que se respeten las reglas del libre mercado y la competencia, está obligado a intervenir en este caso pero no lo hace.

A los actores mencionados parece importarles poco el objeto del programa social, que es darle una ración diaria de leche a los niños, ancianos, madres gestantes y madres lactantes de los sectores más pobres del país.

Quienes defienden la compra de leche enlatada sostienen que este envase permite una mejor manipulación y almacenamiento, argumento que vale para poblaciones muy lejanas, pero no en Lima porque aquí las entregas del producto a los comités de madres se hacen de manera semanal.

Por lo demás, los otros envases para leche (sachet y tetrapak) son más baratos e igualmente manipulables, pues vienen en cajas.

No hay razón para que se privilegie la leche en lata, que es más cara. Por ejemplo, la municipalidad de San Miguel acaba de comprar leche en bolsa a 1.75 céntimos la unidad, lo cual supone más lácteo para los necesitados.

El Ejecutivo y el Congreso deben encarar este problema sin ceder al chantaje de las marchas callejeras. De por medio está la salud de miles de niños que hoy están tomando más agua que leche porque de una sola lata se están sirviendo diez raciones. Sean más humanos, por favor.

Fuente: http://victorrobles.wordpress.com/2010/04/01/una-leche-demasiado-turbia/

Por actos dolosos y de corrupción denuncian a funcionarios de la municipalidad provincial de Nauta

En licitación por el Programa Vaso de Leche

-Consorcio Lacteados y fortalecidos SAC- Mishkilácteos SAC habría sido favorecido por funcionarios

Nuevamente el proceso de licitación del Programa Vaso de Leche, al parecer se ensombrece por la mala administración de los funcionarios de las municipalidades que convocan a procesos públicos para la adquisición de productos que sirven para la alimentación de gran cantidad de niños beneficiarios de este importante programa que fue creado, con mucho acierto, por el recordado Alfonso Barrantes Lingán

En el caso de la licitación pública No. 001-2010-CE/PVL-MLN convocada por la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta para la adquisición de “Hojuela de avena, cebada, kiwicha enriquecida con vitaminas y minerales”, la empresa AGRO INDUSTRIAS DEL ORIENTE SAC, presentó el reclamo correspondiente y la nulidad del proceso, ante la actitud dolosa de parte de la Licenciada en Administración Dolybeth Bardales Manrique, quien ha sido contratada por la MPL-N por ser experta en este tipo de procesos, asimismo contra la CPC Yazmín Pérez Alván del área de control interno de la MPL-N.

La denuncia que fue presentada ante la Fiscalía provincial de Loreto Nauta, así como ante el Organismo de Contrataciones del Estado, se sustenta en que el Consorcio Lacteados y Fortalecidos SAC- Mishkiláteos SAC,, en su propuesta no estableció el plazo de la vigencia mínima del documento que es de 60 días; asimismo, referente a la acreditación del representante en los registros públicos, las personas naturales concurren personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el comité especial mediante carta poder simple, las personas jurídicas lo hacen mediante su representante legal o apoderado; el representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente que consigna en dicho cargo; y en el caso del apoderado será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal para se adjunte el documento registral vigente que acredite la condición de éste. Por lo que el representante del Consorcio Lacteados y Fortalecidos SAC- Mishkilácteos SAC no se encuentra en el documento registral vigente que indica quién es el representante legal, por lo que, según los reclamantes, no debió ser admitida la propuesta técnica por carecer de acreditación de uno de los consorciados. Además el consorcio presentado son de diferentes rubros.

Según los denunciantes lo que más resalta en el proceso es que las bases de la propuesta económica en el numeral 2 y 5 dicen que la garantía de seriedad debe ser por S/ 14,398.73; sin embargo, el Consorcio Lacteados y Fortalecidos SAC- Mishkilácteos SAC presentó una carta Fianza por S/12,099.77 que es inferior a lo establecido a las bases integradas y a la norma.

Asimismo, la denuncia indica que después de la presentación del reclamo, les devolvieron el monto del reclamo, ha sido contestada por el administrador de parte de la MPL-N con carta simple, sin la formalidad de ley y sin la autorización o delegatura por parte del alcalde. (WGN)

Fuente Diario La Región 03.05.2010

Persisten problemas en programa del vaso de leche

Según informe de la Contraloría General de la República, 94 municipalidades llevaron a cabo 161 exoneraciones a los procesos de selección.

La Contraloría General de la República ha elaborado el Informe Macro N° 113-2010-CG/PSC-IM, el cual revela deficiencias en el sistema de adquisiciones, distribución, así como incumplimiento del valor nutricional. Si bien se ha avanzado en el registro de beneficiarios, se aprecia que aún persiste la necesidad de trabajar el tema de focalización, es decir, identificar a los beneficiarios de acuerdo a su grupo de edad y nivel de pobreza

La necesidad parte porque existen departamentos como Madre de Dios, Amazonas, Tumbes e Ica donde el 90% de beneficiarios son de primera prioridad (niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia) mientras que, en contraparte, hay otros departamentos como Lima, Callao, Apurímac y Pasco donde estos beneficiarios representan porcentajes de 50, 59, 65 y 67%, respectivamente. Otra de la problemática identificada en el Informe Macro se refiere a las asignaciones de recursos per cápita para los beneficiarios de los distritos con altos índices de pobreza, ya que fueron menores a las recibidas por los beneficiarios de los distritos menos pobres. Es así que se hallaron algunos distritos urbanos cuyos indicadores de pobreza son menores al 5% y su asignación llega hasta 1,48 soles per cápita, mientras que en distritos alejados, cuyo indicador de pobreza supera el 90%, las asignaciones oscilan entre 0,10 y 0,20 nuevos soles. También se ha concluido que el gasto en alimentos se concentró en seis proveedores que representan el 42,6 por ciento del monto total adquirido, por un total de S/. 114,7 millones de nuevos soles, siendo de advertir que los mismos proveedores representaron el 47,6 por ciento del total del gasto en el año 2007; lo que revela la necesidad de fomentar mayor pluralidad y participación de postores potenciales en los procesos de selección, para conseguir mejores precios. Es preciso, igualmente, mejorar la gestión municipal para realizar las adquisiciones, lo que abarca desde la planificación de la compra, hasta la suscripción de contratos con cláusulas que garanticen la calidad y oportunidad del servicio. En una de las conclusiones reveladas en el informe, se señala que de los 269,79 millones de nuevos soles ejecutados, el mayor gasto en alimentos para el Programa del Vaso de Leche se realizó en el producto leche evaporada entera, que representó el 44 por ciento del gasto total, mientras que la leche fresca ocupó el tercer lugar con el 8 por ciento. Asimismo, se encontró variabilidad de precios de un mismo alimento y marca adquirido al mismo proveedor por municipalidades colindantes de una misma provincia, igual que en años anteriores. Se encontró que los principales proveedores no necesariamente ofrecen los mejores precios. A nivel departamental la variación de precios de un mismo alimento es mayor. Dichas situaciones revelan ineficacia en la administración de los recursos. En el análisis de la información se encontró que 86 municipalidades realizaron procesos de selección diferentes a los procesos que les correspondía, 319 efectuaron más de un tipo de proceso de selección y 94 municipalidades llevaron a cabo 161 exoneraciones a los procesos de selección. De las 1263 municipalidades analizadas, 523 entregaron, por lo menos una vez al año, una ración que cumplía con el valor nutricional mínimo establecido. Las 740 restantes no entregaron durante el año 2008 una ración que cumpliera con dicho valor nutricional. Entre las que cumplieron se presentaron casos de raciones cuya cantidad de azúcar superaba los 17,5 g recomendados por ración, lo que incrementa el riesgo de adquirir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, así como de generar malos hábitos alimentarios en los niños. Se considera que una de las causas de esta situación es que los profesionales nutricionistas y especialistas en temas alimentarios que integran el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche en las diferentes municipalidades, representaron el 11,8 por ciento del total de profesionales designados; el 88,2 por ciento restante fueron otros profesionales de la salud. Es de advertir que departamentos como Loreto y Madre de Dios no reportaron a ningún especialista en nutrición; mientras que en Cusco, Ayacucho y Amazonas su participación fue en menos del 5 por ciento de sus distritos

Fuente: Trujillo Informa.com

Contraloría detecta actos de corrupción en municipio cajamarquino de La Encañada

Cajamarca, may. 03 (ANDINA).- La Contraloría General de la República detectó actos de corrupción en la municipalidad distrital de La Encañada, en Cajamarca, tras las denuncias presentadas por la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló su titular, Fuad Khoury Zarzar

Tras participar en una reunión cívica por la democracia dijo que estudiaron con atención la situación de La Encañada y se dispuso destinar un equipo especial para auditar los últimos cinco años de gestión y determinar el uso de recursos de canon minero y otros presupuestos que superan los 120 millones de soles.

Los resultados serán presentados al Ministerio Público. “No vamos a permitir ni ahora ni nunca en la gestión que estoy dirigiendo que la corrupción avance. Es una lacra que no solo afecta a una parte del país, está avanzando y es uno de los problemas más importante hoy en día”, indicó.

Khoury refirió que en la actual gestión municipal existen indicios de corrupción por el mal uso de recursos en la ejecución de obras.

Recordó que el rol de la Contraloría es fiscalizar el adecuado uso de los recursos, y para ello se trabaja de la mano con el Ministerio Publico y el Poder Judicial, a los cuales se presentan las pruebas y evidencias del trabajo realizado por los auditores.

El contralor instó a la población a denunciar los actos de corrupción y saber elegir a sus futuras autoridades, que estén bien preparados y puedan representarlos de la mejor manera.

En la reunión desarrollada en La Encañada, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, se comprometió a agilizar todos los expedientes relacionados con casos de corrupción en La Encañada y que sean resueltos de inmediato.

A su turno, el fiscal supremo Avelino Guillén destacó la organización de la reunión para un diálogo directo con la población para conocer sus problemas. “Desde Lima muchas veces no conocemos la magnitud de los problemas que padecen los pueblos y este es un ejercicio democrático que debemos resaltar”, reiteró.

Adelantó que la Fiscalía tomará medidas inmediatas para resolver los procesos pendientes de esta jurisdicción. “No es posible que los procesos de corrupción duren tanto tiempo. Debe ser breve en plazo razonable para determinar la inocencia o culpabilidad”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Rosa Florián, organizadora del evento, resaltó la participación de la comisión de autoridades del Ministerio Publico, Poder Judicial, Contraloría de la República, Ministerio de Energía y Minas, entre otras, por acercarse al pueblo para conocer sus problemas a ayudar a resolverlos.

Indicó que su comisión investigará la gestión del actual alcalde Lifonsio Vera por las denuncias presentadas por la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza, y una de las primeras acciones será el levantamiento del secreto bancario del alcalde y demás funcionarios.

http://www.comprasestatales.org/portal/index.php?option=com_k2&id=89:contraloriadetectaactosdecorrupcion&view=item&Itemid=0

Acostumbrados a la corrupción y la incompetencia

Escribe Juan Luis Dammert Bello / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

En el Perú ya, oficialmente, la corrupción y la incompetencia son percibidas como fenómenos normales, hechos inevitables y anecdóticos, materias de entretenimiento o simplemente temas de conversación. Quisiera comentar algunas de estas recientes “anécdotas”.

Para empezar, el caso de la venta de 30 hectáreas en Chilca por 5 mil soles, cuando el precio real era de 12 millones de dólares. ¿Quién vendió? COFOPRI, dirigido por el secretario general del Partido Aprista, Omar Quesada. ¿Quién compró? Oswaldo Chauca, un conocido traficante de tierras y ahora ex militante aprista. ¿En qué está el caso? Quesada renunció, y al igual que Alan García se ha mostrado sorprendido por estos hechos, y anuncia sanción para los involucrados (hasta el momento, una serie de técnicos de la institución). Pero ahora resulta que las autoridades que investigan el caso han admitido que no saben dónde está el expediente completo. ¿Alguien piensa que Quesada u otros altos funcionarios apristas irán a prisión por esta venta?

Sigamos con el caso del Metropolitano, principal obra de transporte público del alcalde Castañeda. Originalmente, se ofreció 36 kilómetros de un corredor segregado de alta capacidad (COSAC), que uniría Chorrillos y Comas, por un costo de 643 millones de soles, y estaría operativo a mediados de 2006. Ahora tenemos que no serán 36 sino 25,7 kilómetros, no llegará hasta Comas sino hasta San Martín de Porres, y no costará 643 millones sino 300 millones de dólares, es decir alrededor de 850 millones de soles. ¿Por qué se incrementó en más de 200 millones? El cambio en el tipo de cambio y el incremento en el precio del cemento, explica la Municipalidad de Lima. “No importa que roben, igual el Metropolitano va a servir” me argumentan algunos amigos, a lo que les respondo: el Metropolitano solo contribuirá con aliviar aproximadamente el 7% de la demanda de viajes de transporte público en la ciudad, según diversos estudios. ¿Cómo responde la ciudadanía ante esta burla, que siendo mayo de 2010 todavía no tiene cuándo inaugurarse? Con una aprobación a Castañeda que bordea el 80%.

Otra perla, más dramática: la exportación del Gas de Camisea a México. En resumen, dos lotes de gas (Lotes 88 y 56) revirtieron gratis al Estado (en 1998 y 2001, respectivamente) luego de que la compañía Shell decidiera no explotarlos por distintos motivos. Este gas fue anunciado en el país como la llave para la seguridad energética de largo plazo. Sin embargo, aparentemente por errores en el cálculo de la evolución de la demanda de gas, entre el 2005 y el 2006 se decidió renegociar los contratos para permitir la exportación de alrededor del 50% de las reservas probadas a México. Luego la demanda interna creció más de lo esperado y el Consorcio Camisea, operador del gas, le niega demanda de gas a distintas generadoras eléctricas nacionales y al Gasoducto Surandino peruano. Así, a cinco años de que el Gas de Camisea llegó a Lima, ya se le percibe como un recurso escaso. Alan García anunció el pasado 28 de julio que se iba a investigar la irregular modificación de contratos, y Pedro Sánchez, Ministro de Energía, llegó a un “acuerdo” con el Consorcio Camisea, que en sencillo implica que estemos “mendigando” nuestro gas . Lo concreto es que a partir de mayo empiezan a exportar nuestro gas barato a México.

Así podría seguir con estas “anécdotas” hasta completar un libro, reseñando por ejemplo la concesión del Puerto de Paita, el caso Petroaudios, la venta de bosques al Grupo Romero en Yurimaguas, el caso de Doe Run en La Oroya, el peaje de Kouri en la avenida Faucett, las compras del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, el caso Crousillat, etc.

Lo dramático es, lamentablemente, que estos son los casos que revientan en la opinión pública, la punta del iceberg. Nos hemos acostumbrado a que el sistema sea corrupto, a que las autoridades manejen mal los fondos públicos, a que sea esperable que pongan funcionarios apristas sin ninguna preparación en cargos del Estado (siempre que no sea en el MEF o PROINVERSIÓN), en fin, a que nos roben y nos estafen en nuestras narices y no haya nada que hacer. Total, estamos en un periodo de crecimiento económico sin precedentes, y no podemos cambiar el modelo porque peligraría la gobernabilidad. Sí, claro. Esperemos entonces el siguiente destape, para al menos tener algo para comentar, otro entretenido tema de conversación.

http://www.actualidadambiental.pe/?p=5394

La corrupción del último año

El temor creciente a que la corrupción que empieza a evidenciarse en distintos sectores del gobierno termine ahogando su gestión, obligó al Presidente García a adoptar un tono bíblico. Desde Ñaña, días atrás, citando nada menos que a Jesucristo, denunció la hipocresía como el mayor pecado posible «de quien se presenta como puro, estando negra su alma». Se refería, es de suponer, a las acusaciones de corrupción que han caído sobre Jorge del Castillo y Omar Quesada, figuras centrales del régimen aprista y los máximos dirigentes de la vieja agrupación de Alfonso Ugarte.

Cuando las denuncias sobre el escándalo de los petroaudios arreciaban y el ex Premier parecía arrinconado, distintas voces apristas, más o menos soterradamente, anunciaban su liquidación política. Sus opositores, a los que recientemente derrotó en el Congreso aprista, pero seguramente también muchos de sus aliados «cuarentones», sonreían satisfechos ante la posibilidad de la recomposición de la dirección del partido.

El escándalo COFOPRI –la entrega fraudulenta de un terreno de 300 mil metros por menos de cinco mil soles, a un conocido traficante de predios que se jacta de sus vínculos con distintos congresistas apristas– cambió el panorama. Omar Quesada, el dirigente más entusiastamente promovido por el propio Presidente de la República, se vio forzado a renunciar por la magnitud del delito y por tratar de dejar a salvo su honorabilidad. En ambos casos, curiosamente, se pierden o se alteran las evidencias. Mientras todo indica que varios de los petroaudios, pero también los correos electrónicos de esa acusación, han sido manipulados por alguien, la Fiscalía no encuentra aún el expediente del terreno de Chilca.

En ambos casos, también, las acusaciones e incriminaciones entre militantes del partido oficial, están a la orden del día; Jorge del Castillo involucró al congresista Carrasco Távara en una propuesta legislativa que favorecería a la petrolera Monterrico, en tanto que Julio Calderón, secretario general de COFOPRI, es involucrado en ese caso por distintos funcionarios de la institución.

Así las cosas, a poco más de un año del término de su gestión, el tono altisonante que muestra el Presidente los últimos días, cuando no tiene más alternativa que referirse a estos casos vinculados a figuras centrales en su gobierno, parece parte de una estrategia en la que se distancia y se diferencia aún más de su partido y de sus dos secretarios generales, olvidando que seguramente él mismo fue el «componedor» de esa dirección que emergió trabajosamente del último evento partidario aprista.

Si bien el Presidente ha logrado hasta ahora desmarcarse de la corrupción que se muestra en su gobierno, es claro que la suerte del APRA no es la misma. Afectada por severas y profundas pugnas internas por el control partidario y por el proceso electoral que se avecina, la organización de Haya de la Torre corre el fuerte riesgo de quedarse sin conducción. La presión de los medios de comunicación, el renovado malestar que generan los latrocinios denunciados en la opinión pública, pero también los intereses de algunos sectores de la agrupación del Presidente, pueden acabar con Del Castillo y con Quesada, independientemente de si son culpables o inocentes.

http://desco-opina.blogspot.com/2010/04/lacorrupcion-del-ultimo-ano.html