Lima, 04/03/2010 (CNR) -- A pesar de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, PetroPerú ha suscrito un convenio de confidencialidad con una empresa española que se encargaría de la modernización del puerto de Talara (Piura).
Así lo reveló Inés Arias, coordinadora del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, al comentar el incumplimiento de las distintas estancias del Estado respecto a la referida norma, la cual otorga siete días de plazo para permitir el libre acceso a este tipo de documentación a quien así lo solicite.
En este proceso de licitación para la modernización de la refinería de Talara, de más de mil millones de dólares, se otorgó la buena pro a la empresa española Técnicas Reunidas.
Sin embargo, en el acta pública hay una serie de cuestionamientos de parte de las demás empresas postoras, las cuales critican como se desarrolló proceso. De acuerdo a Arias, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción solicitó la información, pero están prohibidos siquiera de tomar nota de los mismos por pedido expreso de la compañía.
"Nos dijeron que hay un convenio de confidencialidad entre la empresa privada y PetroPerú, entonces no es posible acceder a la información hasta que la compañía no dé la autorización. Han pasado ya los siete días de plazo y nada".
Otro tanto ocurre con el controvertido concurso del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo del que tampoco reciben respuesta, bajo la excusa que el reciente cambio de consejeros ha imposibilitado ubicar la información requerida.
En tal sentido, Arias sostuvo que pese a haber conformado una Comisión Nacional de Alto Nivel de Lucha contra la Corrupción, esta lacra social continúa avanzando de manera inexorable.
Agregó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción está enfocado a la ética pública; es decir, lo que debe hacer un funcionario público para cumplir con su deber pero no se enfrenta la gran corrupción.
"Pese a que existen comisiones y propuestas de planes, la corrupción avanza. Y se ven casos grandes como Business Track Resourses (MTR), el faenón y otros (...) Esos procesos de licitaciones donde se cambian normas y reducen niveles de control y todo queda en la legalidad", refirió.
Indicó que han revisado procesos ejecutados por ProInversión en el marco del denominado plan de estímulo económico, donde se han detectado decretos de urgencia que reducen los niveles de control y fiscalización.
"La Contraloría no puede participar en procesos de licitación viendo lo que son niveles de gestión, sino únicamente obligados con la legalidad del procedimiento; es decir, que los documentos estén formalmente elaborados", puntualizó.
http://www.cnr.org.pe/nueva_web/nota.shtml?x=2726
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